Regular el suicidio, en cualquiera de sus formas, como si se tratara de un derecho, supone un disparate que solo puede hacerse digerible a la opinión pública por medio de altas dosis de propaganda ideológica. La misma que se ha utilizado en presentar la postura de la Iglesia como retrógrada, como si considerar esta vida un don de Dios implicara tratar de mantenerla por cualquier medio. Nada más lejos de la realidad, pero algunos parecen haberlo descubierto esta semana, con el documento de los obispos «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida», que reitera el rechazo de la Iglesia al encarnizamiento terapéutico y su defensa de los cuidados paliativos y de cualesquiera otros medios para ayudar al paciente terminal y a su familia. Existe, dice el documento, el «derecho a no sufrir inútilmente». Como existe el “derecho” a vivir del modo más humano posible ese tiempo final. Para eso hacen falta medios sanitarios y también políticas sociales que faciliten tanto el bienestar del paciente como la conciliación laboral para su familia, especialmente cuando la enfermedad terminal se alarga. Lo cual remite al debate, aún más complejo, de la enfermedad crónica. Con el paso del tiempo las familias se ven desbordadas y el enfermo se siente como una carga para sus seres queridos. Analizadas racionalmente, estas situaciones son un fracaso de la sociedad. En vez de admitirlo, algunos responden con la cínica huida hacia adelante que supone proponer el suicidio como un derecho.