El Informe de Naciones Unidas sobre el Estado bolivariano de Venezuela es demoledor. La responsable de la misión destinada a investigar los desmanes cometidos en este país por las fuerzas de seguridad del Estado certifica y acredita crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano utiliza a los servicios de inteligencia para acosar y silenciar a la disidencia. La tortura y la violencia sexual son parte de su siniestro modus operandi. La Misión de Naciones Unidas ha realizado 245 entrevistas confidenciales a víctimas y familiares al tiempo que ha revisado los expedientes judiciales. La pregunta es ¿y ahora qué?

Evidentemente, los culpables deberían ser juzgados y las víctimas reparadas, pero los responsables de estos crímenes gozan de la más absoluta protección por parte del régimen de Nicolás Maduro. La impunidad les ha hecho más fuertes. La Comunidad internacional, apunta el Informe de la Misión especial para Venezuela, debe seguir fiscalizando y forzando el cumplimiento de la ley.

Ante estas evidencias, ¿qué harán los aliados y simpatizantes de Maduro? Para los gobiernos de países no solo aliados de Venezuela, sino defensores del régimen chavista, debería abrirse un tiempo nuevo. Porque su silencio cómplice refuerza la impunidad y perpetúa la barbarie.