Vaciar de sustancia la Constitución

El Tribunal Constitucional, con el voto en contra de cuatro de sus magistrados, ha avalado íntegramente la Ley de educación, más conocida como Ley Celaá. La sentencia concede una amplia libertad al legislador para configurar derechos, y asienta una doctrina inédita en la interpretación y aplicación del artículo 27 de la Constitución sobre algunas cuestiones clave para el ejercicio de la efectiva libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación para sus hijos. En contra de la doctrina precedente, rechaza que todos los modelos educativos puedan recibir ayudas, al eliminar la posibilidad de que el Estado concierte colegios de educación diferenciada.

Otro de los aspectos polémicos de la sentencia es que considera que se debe mantener un equilibrio entre las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas, pero rechaza que se deba traducir en la aplicación de la cuota 25 % de castellano en las aulas. La sentencia del Alto Tribunal rechaza que en la Ley Celaá la ideología de género se haya convertido en una ideología del Estado que se pretende imponer a los alumnos, desarrollando una doctrina sobre el pluralismo en las concepciones de la educación que acaba dando un papel preponderante al Estado. También avala que la asignatura de Religión no responda a lo suscrito en los Acuerdos Iglesia y Estado respecto a su rango académico. Con esta sentencia, discutida, por una parte, no despreciable de magistrados, el Constitucional genera confusión y perplejidad en lugar de dar seguridad. Y, por supuesto, satisface las expectativas del Gobierno de Sánchez.