Línea editorial COPE: Soberanía y jueces

Hay quien explica que gran parte de lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos quince años tiene su origen en la decisión de Mariano Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatut. Según esa tesis, si no se hubiese producido ese recurso, el tribunal de garantías no hubiese limado la reforma y el independentismo no habría tenido argumentos. En la misma línea se sostiene que si el exministro de Justicia, Rafael Catalá, no hubiera nombrado a Manuel Maza fiscal general del Estado, y si Maza no hubiera presentado la querella por malversación, sedición y rebelión, ya se habría acabado el “Procés”.

Siguiendo este razonamiento, la decisión de Sánchez de eliminar el delito de sedición y de reformar la malversación vendría a corregir una suerte de cruzada judicial que lo habría estropeado todo. Y también por eso, el auto del juez Llarena, que pone de manifiesto que la reforma del Código Penal es una chapuza y que la malversación agravada puede imputarse a los fugados de la justicia y a los indultados, sería un nuevo obstáculo.

Lo cierto es que Zapatero creó la expectativa de que la reforma del Estatut nunca sería corregida, lo que suponía atribuir a Cataluña un derecho a decidir sin límites que no está contemplado en nuestra Constitución. La política, en cada momento, tiene que ser realista, también para hacer perder espacio electoral al soberanismo. Pero lo que no tiene sentido es intentar solucionar el problema catalán renunciando a la defensa de la soberanía nacional tal como está contemplada en la Constitución, porque eso sólo traerá nuevos problemas en el futuro.