Con una sólida argumentación jurídica, la Fiscalía ha rechazado conceder el indulto a los doce políticos separatistas condenados por el intento de secesión en Cataluña. La “ausencia de razones de justicia o de utilidad pública” y la “extrema gravedad de los delitos” son dos de los argumentos esgrimidos, junto a una seria advertencia: el indulto no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales. No hay que olvidar la gravedad del delito, la severidad de las penas y la ausencia del más mínimo arrepentimiento por parte de quienes protagonizaron uno de los mayores atentados contra el orden constitucional vigente.

La concesión del indulto como medida de gracia es prerrogativa del Gobierno, una vez recabados los informes pertinentes. La cuestión que se plantea ahora es cuál será la relevancia que el Gobierno concederá a este informe preceptivo de la Fiscalía, en un momento político en que parece imponerse una especie de impunidad. Pedro Sánchez será quien decida al final si se les concede la libertad. El riesgo más evidente es que el Gobierno aplique esta medida de gracia como moneda de cambio por el apoyo parlamentario que recibe de las formaciones secesionistas. Esa decisión supondría un escándalo político y un acto de arbitrariedad sin parangón, que dejaría a la independencia judicial sometida a la más disparatada de las políticas.