Madrid - Publicado el - Actualizado
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La decisión de la Generalidad Valenciana de vetar a los alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Salud de las universidades privadas en los hospitales públicos de esa comunidad, es un síntoma más del sectarismo político que domina esa Comunidad. El anuncio de esta medida ha sido hecho por la consejera de salud Carmén Montón, del partido socialista, y el consejero de Educación Vicente Marzá, de Compromís. Hay que tener en cuenta que la red de hospitales privados en Valencia no tiene capacidad para acoger a los alumnos que se verían afectados por esta medida. Este veto afecta a un numeroso grupo de estudiantes de Medicina y de Enfermería de dos centros católicos, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Cardenal Herrera-CEU, además de los de la Universidad Europea de Valencia. La decisión del Gobierno de la Generalidad plantea serias dudas jurídicas que deberán aclararse en diversos procesos judiciales, dado que las titulaciones de estas universidades tienen valor oficial. Esta medida supone un ejercicio de discriminación que vulnera derechos fundamentales, tanto de los centros académicos superiores como de los alumnos de estos grados. Una medida sectaria y teñida de ideología, que se añade a la retirada de fondos para los conciertos en los niveles inferiores de educación. Un cuadro difícilmente compatible con el espíritu de nuestra Carta Magna y con un adecuado modo de entender la gestión de lo público.



