Un concepto clave que el Gobierno maneja para asentarse, es el de “adecuar las leyes a la realidad actual”. El problema es que “realidad actual” significa para el Gobierno adecuarse a las exigencias de los socios que lo sostienen. Por eso se plantea revisar el Código Penal para beneficiar a los líderes independentistas catalanes condenados por un delito de sedición, a los cuales ha sometido su futuro político el presidente del Gobierno.

Es evidente la exigencia de Esquerra Republicana de acelerar la excarcelación de sus líderes condenados por sedición, y Sánchez ha encontrado una salida en una reforma que permita reducir sustancialmente las penas por este delito, reforma que tendría carácter retroactivo y beneficiaría a los que han sido condenados. De esta manera no sería necesario decretar un indulto, una medida compleja y de alto coste político para el gobierno. Sin embargo el Estado quedaría debilitado a la hora de hacer frente a futuros intentos de sedición, y no olvidemos lo que Oriol Junqueras ha reiterado en varias ocasiones: “lo volveremos a hacer”.

En vísperas de que se abra la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat, prevista en el pacto del PSOE con ERC, desde el independentismo se le recuerda a Sánchez que se trata de abordar “la independencia de Cataluña”. Sánchez está en un laberinto en que él mismo se ha metido, pero con él arrastra a las instituciones del Estado.