La oleada de “ocupaciones” de viviendas se ha convertido en uno de los problemas sociales que más crispación suscita. Si hace dos años se modificó el marco legal para actuar con más rapidez contra los delincuentes, lo cierto es que todavía resulta demasiado complicado desalojar a quienes ocupan una vivienda en ausencia de sus propietarios, produciéndose a veces situaciones sangrantes. La ley vigente no llega a ofrecer un marco de seguridad jurídica suficiente para impedir las ocupaciones.

Lo más doloroso es que las denuncias ante los juzgados de guardia o la policía no bastan para recuperar de inmediato la propiedad usurpada, y con frecuencia hay que esperar meses, incluso años, para que se proceda a la desocupación, muchas veces con las viviendas ya destrozadas.

Ya se ha registrado en el Congreso una iniciativa legislativa del Partido Popular y de Ciudadanos para reformar las insuficientes leyes vigentes. Este debería ser un asunto que suscitara un consenso fundamental y una respuesta rápida para garantizar una convivencia social armónica. Lo curioso es que Podemos, uno de los socios del Gobierno, todavía coquetea con una imagen idílica de este fenómeno. Es necesaria una política social que favorezca el acceso a la vivienda, pero eso no tiene nada que ver con un fenómeno radicalmente injusto que atenta contra la convivencia.