El coronavirus está agudizando el drama de la ocupación ilegal, una lacra social que provoca que cada vez más propietarios decidan no sacar su vivienda al mercado. Según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones ilegales.

Este jueves los oyentes de Carlos Herrera han relatado el calvario que para ellos ha supuesto este drama en auge en España. Entre las numerosas llamadas, ha destacado la de Javier, un propietario de Cataluña afectado por la okupación ilegal, que ha dicho que los okupas “siempre tienen tres frases: la casa pensaba que era de un banco, me ha costado 1.500 euros y tengo niños. Es la base con la que ellos entran”.

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El oyente ha dicho que si bien es cierto que hay que llamar a la Policía antes de que pasen 24 de la okupación, a veces hay que tener suerte con la pareja de funcionarios que te toque porque hay algunos que miran hacia otro lado. “Si se dan la vuelta tienes que acudir a los juzgados, que son lentos en toda España. La lentitud es exasperante”.

Javier tiene un contencioso previsto para este invierno con las personas que pretende lanzar de su inmueble. Según ha dicho, “tienen enganchada la electricidad y el contador de agua ilegalmente”. La compañía le dice, además, que el día que lo dé de alta tiene que pagar el consumo más una sanción. "Me han solicitado 1.800 euros”.

Sobre sus moradores, ha señalado que “estuvo hablando con ellos, una familia que durante el periodo del Covid, que nadie podía transitar, acudieron y entraron. En teoría nadie podía atravesar más de su población. No son de la zona, pero tuvieron vía libre”, ha remarcado.

En España, la provincia más afectada por la okupación ilegal es Barcelona, que con un total de 17.465 casos durante los últimos seis años, presenta una tasa de 66,09 denuncias por cada 10.000 viviendas. Le siguen Tarragona (52,8), Gerona (49,19) y Sevilla (41,82).

EL PROCEDIMIENTO PARA EL DESALOJO

Tras una ocupación, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. La nueva normativa aprobada en julio de 2018, permite que, cuando el procedimiento es civil, no sea necesario identificar a quienes ocupan el inmueble, lo que ha agilizado el proceso.

A través de este procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento (abogado y procurador), así como los daños y perjuicios que se hayan producido. Contra la sentencia no cabe recurso.

Por otro lado, cuando el hecho se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación u ocupación, el procedimiento suele ser más lento. Las penas por estos delitos varían según se haya empleado violencia o intimidación para ocupar la vivienda y los condenados enfrentan entre uno y dos años de prisión.