El actual Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, inició su mandato con el compromiso de frenar y controlar una de las tasas de homicidios más alta del mundo. La prensa salvadoreña desconfió pronto del éxito gubernamental y denunció la firma de acuerdos con tres de las principales “maras” salvadoreñas. La noticia ha sido finalmente confirmada por una de las más conocidas, la Mara Salvatrucha.

Funcionarios del Gobierno habían hecho promesas a los pandilleros que luego incumplieron. En represalia, durante el último fin de semana del pasado mes de marzo las maras asesinaron a 87 personas. El Gobierno reaccionó inmediatamente adoptando reformas no solo penales, sino también en materia de libertad de prensa e información. De hecho, el periodista salvadoreño que ha informado de los acuerdos entre el Gobierno y las Maras, el director del periódico El Faro, ha tenido que salir de El Salvador.

Bukele ha adoptado modos autoritarios que ha desplegado sobre la Asamblea Legislativa y los órganos judiciales. Ha hecho creer a los salvadoreños que es posible garantizar la seguridad a cambio de sus derechos. Hoy la democracia padece en El Salvador como lo hace en otros países de América Latina en los que, el populismo, el crimen organizado y la corrupción campan a su anchas.