El Consejo General del Poder Judicial ha decidido renovar varias plazas, tanto del Tribunal Supremo como de distintas Audiencias Provinciales. Con esta decisión, el órgano de gobierno de la magistratura ignora el mensaje de Sánchez de no proceder a ningún nombramiento, dado que el Consejo está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, por la incapacidad de los partidos de pactar su renovación.

El Poder Judicial ha decidido lanzar un mensaje de fortaleza institucional y de autonomía respecto al Ejecutivo, amparado en la Ley Orgánica que no limita las funciones del Consejo en período de prórroga. Y de paso, ha propinado un varapalo en toda regla al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Esta decisión manifiesta también el cansancio por la continua pretensión de politizar la justicia y convertir a los jueces en satélites de los partidos políticos. El problema está en el origen, porque los partidos tienen demasiado protagonismo en la designación de los órganos de gobierno de los jueces. Pero este “pecado original” no se arregla con la pretensión de Sánchez, alentada por Podemos, de hacer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin un amplio consenso. Se trataría de un verdadero atropello institucional.