Toda persona investigada por un delito tiene derecho a la presunción de inocencia. Esta doctrina, que tantas veces se olvida cuando algún personaje público es objeto de investigación judicial, afecta también al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Eso no puede impedir que las acusaciones recogidas por el juez García Castellón al pedir al Tribunal Supremo que le investigue, provoquen una natural convulsión en nuestra ya alterada vida política.

Acompañado siempre de múltiples sospechas sobre sus relaciones con países como Venezuela e Irán, Iglesias se ve ahora envuelto en el llamado “caso Dina”, que cobra especial importancia porque el juez instructor denuncia una supuesta maniobra del líder de Podemos para pasar ante su electorado como víctima, cuando era él su principal impulsor. Las acusaciones que han llevado la causa al Supremo son de importante calado: revelación de secretos, alteración de datos y denuncia falsa. Habrá que esperar la decisión que tome el alto tribunal que, de avalar las acusaciones, derivarán en un suplicatorio al Congreso, donde los socialistas tendrán la última palabra. De momento Iglesias, que no contempla la dimisión, está en la picota política aunque el Gobierno lo haya respaldado a sabiendas de que está en juego su propia estabilidad.