En Nicaragua se ha reanudado el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que por 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, se aprueba aumentar la presión contra el Gobierno de Ortega por vulneración de derechos fundamentales. La opción está clara: el Gobierno regresa a la mesa de negociaciones, pero no con un cheque en blanco. La UE ha pedido la liberación de los 600 presos políticos y la convocatoria de elecciones libres. El Gobierno ha anunciado, sin concretar, que acepta la liberación de los presos. En todo caso, si la represión no cesara, se congelarán las cuentas que los miembros del Gobierno tienen abiertas en los países de la Unión.

La presión es real y las instituciones comunitarias van a marcar el paso al régimen de Managua. No basta con condenar la represión, por eso los eurodiputados han dado un paso más. Ahora, más que nunca, Ortega no puede creer que haberse sentado en la mesa le permite cruzarse de brazos. Europa no parece dispuesta a detenerse en la aplicación de las medidas previstas si llega el momento. “Si quieren perder el tiempo y engañan al pueblo, ha declarado el eurodiputado español Ramón Jáuregui, habrá sanciones”.