Las decisiones relativas al plan de vacunación que diseña cada Comunidad Autónoma tienen en cuenta a los profesionales que desempeñan actividades fundamentales para que reciban la vacuna de manera preferente. Entre los servidores públicos a quienes va destinada la vacuna de manera preferencial están los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Cataluña, sin embargo, las cosas no son así.

El Ejecutivo catalán en funciones ha decidido que la Policía Nacional y la Guardia Civil con destino en Cataluña no recibirán la vacuna cuando les corresponda, sino cuando lo decida la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Generalitat. Mientras que en el resto de las Comunidades Autónomas la vacunación de las Fuerzas de Seguridad del Estado alcanza casi al 80% de sus miembros, en Cataluña se ha optado por su discriminación, alegando falta de vacunas.

Ante esta decisión que no ha sido recurrida por el momento, el Ejecutivo nacional asumirá la vacunación después de que el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles hubieran presentado sus quejas ante el Ministerio del Interior. Serán sanitarios de ambos cuerpos quienes administrarán con la rapidez necesaria las dosis encargadas a tales efectos. Llama poderosamente la atención que el Ejecutivo haya tardado un mes en reaccionar y que nadie haya obligado a la Generalitat a cumplir con lo establecido. No se trata de una anécdota, ni de un error, sino de una arbitrariedad más que en este caso afecta a la salud pública y a la solidaridad interterritorial.