Miles de personas han vuelto a llenar este domingo las calles de más de 50 ciudades españolas, en una nueva manifestación con coches, contra la denominada Ley Celáa. La revolución pacífica de color naranja no ha sido flor de un día. El daño que puede hacer la nueva Ley es mucho y el esfuerzo de seguir clamando por la libertad merece la pena, con una respuesta muy significativa que, en forma de diferentes actividades, no ha cesado en las últimas semanas. También en este caso, al Gobierno le ha salido una contestación cualificada y muy numerosa, pues Más Plurales ha conseguido ya más de dos millones de firmas.

Como ha señalado el portavoz de la plataforma, la Ley es intervencionista y supone un ataque a la libertad de enseñanza y a la libertad de las familias. La urgencia y la gravedad de la situación requieren la denuncia cívica, porque la Ley irá el próximo día 23 al Senado, y muy probablemente, tras no admitirse ninguna de las enmiendas, volverá al Congreso y termine aprobándose en tiempo récord. Sin el consenso prometido, de forma atropellada y en plena pandemia, como está sucediendo en otros ámbitos, el Gobierno ha pretendido pasar el rodillo educativo.

A estas alturas, desgraciadamente, no caben muchas esperanzas, pero si el Ejecutivo pusiera en práctica una mínima parte de aquello de lo que tanto presume, y fuera de verdad el Gobierno de la gente, al menos escucharía el clamor naranja que invade las calles y que está dispuesto a dar la batalla de los argumentos frente a la sinrazón y el despropósito que supone la nueva ley de educación.