Esta semana los nicaragüenses han vuelto a las calles de Managua para mostrar su hartazgo contra el régimen de Daniel Ortega y exigir la libertad de los presos políticos, que ya superan los 300, de los cuales casi la mitad han sido procesados sin garantías y acusados sin pruebas de terrorismo o crimen organizado. La situación de terror es tal que la población civil sale a manifestarse a las calles con el rostro cubierto, por miedo a las represalias gubernamentales.

Una delegación conjunta de la Sociedad Iberoamericana de Prensa y de Reporteros sin Fronteras, que acaba de visitar el país, ha certificado la represión permanente que existe contra periodistas y contra otras personas que se atrevan a emitir una opinión crítica. Mientras Ortega, lejos de rectificar, cierra la puerta a observadores internacionales, continúa con la sangrienta represión y expresa abiertamente su intención de permanecer en el poder. De hecho, ahora sus actuaciones parecen encaminadas a ganar tiempo para no renunciar ni tener que adelantar las elecciones, y llegar a los próximos comicios con todo bien atado.

Su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha dicho sin pudor que son muy pocos los que apuestan por el alboroto y desestabilización, intentando dar en las calles una imagen falsa del país. Los datos, sin embargo, no engañan. Desde el mes de abril, el panorama no hace más que recrudecerse. Las declaraciones de Murillo son un buen ejemplo de cómo los Ortega hace tiempo que han perdido el contacto con la realidad y de hasta qué punto la situación civil y política en Nicaragua se ha vuelto insostenible.