Línea editorial: "Inmersión lingüística e impunidad"

En flagrante desobediencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a la enseñanza en castellano de un 25% de las asignaturas en educación primaria y secundaria, la Generalitat ha dispuesto por decreto mantener la inmersión lingüística y ordenar a todos los colegios que ignoren la disposición judicial. Esta decisión sigue a la nueva ley que regula el régimen idiomático en las escuelas, apoyada por el Partido Socialista de Cataluña, que ahora se rasga las vestiduras cuando ya era evidente la senda emprendida por los partidos independentistas.

Estamos ante un desacato a la Justicia y ante una violación de la Constitución, como ya ocurrió el 1 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal. El Gobierno no ha reaccionado a este nuevo desafío, sin duda porque espera la réplica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero el litigio sobre la inmersión lingüística, que dura ya demasiados años, no es sólo un problema jurídico, ya decantado en numerosas sentencias, sino también político. El problema es que Sánchez ha basado su política en Cataluña en un apaciguamiento artificial que sólo busca ganar tiempo sin afrontar los problemas de fondo. Precisamente, abordar la cuestión del bilingüismo y la libertad es una cuestión clave para la convivencia, una cuestión en la que los socialistas juegan una vez más con una ambigüedad que es letal.