La vicepresidenta Nadia Calviño tiene motivos para ser pesimista ante los últimos datos del paro. Pese a que el mes de marzo ha terminado con 60.000 parados menos respecto a febrero, y con una media de 70.000 afiliados más, si se compara con la serie histórica de ese mes nos colocamos en la época más dura de la recesión, a la altura del año 2012. La destrucción del empleo después de un año de pandemia alcanza la cifra de 435.000 puestos de trabajo, a los que hay que sumar las 745.000 personas que están en unos ERTE que concluirán progresivamente en no mucho tiempo.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional al final de la pandemia la tasa del paro en España será la peor de los países de la Unión Europea y nuestro mercado laboral no se recuperará a niveles previos a la pandemia antes de 2023. Pese a estos indicadores, el FMI augura un repunte de la actividad económica española. Pero la crisis laboral tendrá más recorrido del esperado.

Mientras no se generalice la vacunación y se haga todo lo posible para que la campaña de verano comience con las menores medidas de restricción posibles, la economía española seguirá frenada. Esta situación puede llevar a miles de personas a vivir una situación económica límite, con las consiguientes secuelas personales y sociales. Es hora de que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone la demagogia publicitaria y presente un plan realista de política económica que, entre otros factores, esté destinado a crear y a alentar el empleo