Hora de acatar la ley, también en materia lingüística

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia sobre el uso de la lengua castellana en todos los centros educativos de esa comunidad. Durante varios años, este órgano judicial se ha pronunciado sobre el porcentaje de materias que debían impartirse en castellano en las escuelas catalanas cuando las familias así lo solicitaran.

La política de inmersión lingüística era el muro que el Gobierno de la Generalitat levantaba una y otra vez contra los diferentes pronunciamientos judiciales. De este modo, las medidas se adoptaban puntualmente, pero no con carácter estable.

La Sentencia que acaba de conocerse tiene carácter definitivo. La consecuencia de su aplicación supone una revisión del modelo de inmersión lingüística, al tiempo que afectará a lo previsto por la Ley Celáa, ahora en trámite. El Gobierno de la Generalitat deberá garantizar a todos los alumnos la enseñanza en las dos lenguas oficiales, en un porcentaje que en ningún caso podrá ser inferior al 25%. Los datos apuntan a que la enseñanza de la lengua castellana en Cataluña es residual en una parte importante de centros, lo que supone la infracción del marco jurídico establecido.

Se trata de revertir esa situación anómala y contraria a derecho. La Ley tiene como misión proteger los derechos de todos los ciudadanos y por eso garantiza el uso oficial, también en la escuela, de la lengua común de todos los españoles. A la Generalitat no le cabe otro camino que acatar esta sentencia.