Aunque aún desconocemos la composición íntegra del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, la designación de cuatro Vicepresidencias para diluir el protagonismo de Podemos, y el baile de nombres, son síntomas de una difícil cohabitación entre las fuerzas que sostienen al nuevo Ejecutivo. Era previsible que se iban a producir conflictos entre el PSOE y Podemos, y han empezado. Aquel viejo temor de Sánchez a un Ejecutivo que en realidad consiste en dos gobiernos yuxtapuestos y en permanente roce, se ha hecho realidad antes de empezar.     

La etiqueta “progresista” esconde el proyecto de un gobierno hipotecado por los compromisos adquiridos y sobredimensionado. El Ejecutivo que vamos conociendo con cuentagotas responde a la necesidad de contentar a todos más que a una lógica de servicio. Implicará un gasto disparatado en cargos públicos, un modelo que en vez de ser operativo complica más la gestión pública. Quienes se han presentado como adalides de la nueva política regeneradora se están convirtiendo en expertos en la peor política, la que engorda la maquinaria del Estado en detrimento de la eficacia, de la cercanía a las necesidades reales de los ciudadanos y del crecimiento de la sociedad civil.

En este caso se añade un componente ideológico radical, reflejado, por ejemplo, en un ministerio de Igualdad para Irene Montero, cuya primera propuesta es posibilitar el aborto a las menores sin consentimiento paterno. Progreso, según Sánchez.