Las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, en las que se ha mostrado partidaria de que los políticos presos por el proceso independentista abandonen la prisión, se suman a otros pronunciamientos en esta línea de miembros del Gobierno. La prisión preventiva es una figura excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. Lo normal es que un acusado no esté en prisión hasta que no sea establecido de forma definitiva que es culpable. Otra cosa es que eso sea posible.

El juez Llarena ha argumentado en sus autos que, en unos casos, hay riesgo de reiteración delictiva, y en otros, riesgo de fuga. La fuga de Puigdemont y de un grupo de exconsejeros responsables de los sucesos del mes de octubre pasado ha sentado un precedente muy negativo. Las reiteradas declaraciones del propio Puigdemont y de Torra insistiendo en una independencia unilateral, lo que supone una llamada a cometer de nuevo los presuntos delitos que se cometieron hace un año, tampoco son de ayuda para sus compañeros que permanecen en prisión.

El Gobierno no puede ni debe presionar al juez. Para que se levante la prisión preventiva se tienen que dar las condiciones adecuadas. Y para ello es necesario que se disipen los riesgos de fuga, que cesen los llamamientos para volver a delinquir. Los compañeros de los políticos presos pueden hacer mucho por ellos.