El Gobierno no puede prescindir de la iniciativa social

La competencia con la que se persigue la promoción del bien común debe ser el criterio para juzgar a cualquier gobierno. ¿Cómo se ha gestionado la pandemia? ¿Conocía el Gobierno el mapa de los recursos sanitarios disponibles en España? ¿Ha mostrado disposición a sentarse con empresarios y sindicatos? ¿Ha consultado a las organizaciones sociales y religiosas? En algún momento de esta crisis tendremos que saber si se han movilizado todos los recursos sanitarios de titularidad privada. Tarde o temprano tendremos que saber en qué medida el Gobierno prescindió, o no, de la capacidad de las grandes empresas españolas para acceder con eficiencia al mercado de los productos sanitarios que en España escaseaban. Desgraciadamente lo que ya sabemos es que la demanda de alimentos y medicinas, a la que se suma ya el pago de los alquileres, se ha triplicado en un mes, como ha manifestado Cáritas.

¿Qué Gobierno prescindiría de la inteligencia práctica, las infraestructuras, la experiencia y el conocimiento de entidades sanitarias, empresariales, religiosas que han demostrado con creces su compromiso con el bien común de su país? Las realidades de la sociedad civil que generan recursos, atención, cuidado y servicios, son imprescindibles, y un gobierno sensato debe contar con ellas. Solo una mentalidad ideológica y apriorística podría ignorar los enormes frutos que la cooperación público-privada puede aportar a la reanimación de la vida social y económica de los españoles.