La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida despectivamente como “ley mordaza”, ha vuelto a sufrir hoy un revés, después de que ya en 2019 se frustrara por la convocatoria de elecciones generales. El Gobierno y sus socios de investidura han sido incapaces de llegar a un acuerdo, como era previsible, porque han venido manteniendo desde el principio discrepancias muy notables en torno a cuestiones como las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia, las devoluciones en caliente, o el material antidisturbios. De esta manera, Bildu y ERC han dejado al PSOE y a Podemos sin una de las grandes promesas electorales de Sánchez. El Presidente suele manejar el relato a su antojo y es capaz de buscar la disculpa más inverosímil para intentar salir bien librado de este fracaso, pero la situación merece al menos dos reflexiones.

Si a ERC y a Bildu la reforma les parecía demasiado “light”, entonces el fracaso de hoy es una buena noticia para la democracia. En todo caso, es necesario subrayar que todo esto es resultado de las hipotecas con las que carga el Gobierno. Estar en manos de formaciones antisistema, con las que Sánchez tejió la mayoría Frankenstein para alcanzar el poder y sostenerse en él, conduce a contradicciones insolubles. La seguridad ciudadana es un asunto demasiado serio como para pactarlo precisamente con quienes no tienen especial interés en asegurarla, sino todo lo contrario.