Resulta preocupante la amenaza de algunos gobiernos municipales de expropiar a la Iglesia edificios como las catedrales de Córdoba y Zaragoza. Desde un análisis jurídico elemental se trata de un auténtico disparate, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece dispuesto a convertir las inmatriculaciones en una bandera de su acción política. La cuestión se remonta a la ley vigente entre 1998 y 2015, que permitió a la Iglesia registrar inmuebles no inscritos antes oficialmente, como es el caso de templos construidos muchos siglos antes de que existieran registros de propiedad. Si en el algún caso hay discrepancias, corresponde a los tribunales resolver la cuestión. Así sucedió con la famosa sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2016, que, sin embargo, contra lo que a menudo se está diciendo, no cuestiona que el Obispado de Palencia registrara un monasterio, sino que previamente el estado hubiera permitido la venta a una empresa privada de los terrenos en los que se encuentra este edificio.

Pero más allá de la inconsistencia jurídica en las amenazas del gobierno, sorprende su estrecha concepción de los «bienes de dominio público». Las diócesis ponen las catedrales y otros monumentos a disposición de quien quiera visitarlos, sin por ello traicionar el fin religioso para el que fueron construidos. Uno de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede regula esta materia. Desde entonces las Iglesia ha mantenido una fluida cooperación con los distintos niveles de la Administración para la conservación y exhibición de este patrimonio. Por eso resulta tan incomprensible que se quiera hacer de este tema ahora una batalla política.