Ayer se vivió en el Congreso de los Diputados uno de los días más aciagos desde la Transición. La aprobación, por parte del PSOE, Podemos y los independentistas, de la proposición de ley para derogar el delito de sedición y reducir las penas de malversación, y la modificación del sistema de mayorías para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional suponen un fraude de ley que afecta decisivamente al normal desarrollo de la democracia. Modificar los procedimientos para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial por la vía de urgencia y al margen de dichas instituciones, revela la voluntad de conquistar los organismos que son garantes de la Constitución, suprimiendo las mayorías reforzadas que obligaban al pacto entre las fuerzas políticas.

La votación se produjo en un clima extremo de crispación, entre acusaciones de los socialistas al PP, a los jueces y a la llamada derecha mediática, de “golpistas”, aludiendo incluso al 23-F de 1981. Una referencia completamente inaceptable que no hace más que aumentar la tensión. En paralelo, el Gobierno está sometiendo al Tribunal Constitucional a un acoso nunca visto, un verdadero ataque a la separación de poderes, base de toda democracia. Lo ocurrido en el Congreso trasciende con mucho la acción legislativa, es una actuación contraria al espíritu y a la letra de la Constitución con la única finalidad de permitir que los separatistas celebren una consulta destinada a la autodetermainción. Si esta deriva no se frena, estaríamos al principio de un camino conducente al fin del sistema del 78 que tantos beneficios ha reportado a la convivencia en España.