La Mesa del Parlamento de Cataluña ha avalado que Quim Torra deje de ser diputado. Aunque continuará como Presidente de la Generalitat, el presidente de la cámara, Roger Torrent, le ha retirado el acta de diputado y lo sustituirá por otro de JxCat, tal como había ordenado la Junta Electoral. Desde ERC se hacen ahora equilibrios para justificar que no se entre en una dinámica de desobediencias estériles. Pero la realidad es que el mundo independentista está profundamente dividido porque los intereses de JxCat, que no ha disimulado su enfado, y los de ERC, marcados por su alianza con Sanchez, son contrapuestos.

Torra no ha dudado en chantajear públicamente y en amenazar con que la legislatura y el Govern estaban en riesgo, si finalmente perdía su condición de diputado. Instalados en la inestabilidad y el conflicto permanentes, a nadie puede extrañar que las alianzas que los independentistas sostienen entre sí acaben saltando por los aires y la situación desemboque en unas nuevas elecciones. En cualquier caso, la crisis del gobierno catalán está servida. 

Habrá que ver también cómo se comporta el Gobierno de España. Sánchez ha reconocido a Torra como interlocutor y tiene pensado reunirse pronto con él, pero la situación es cada vez más insostenible. El drama consiste en que Sánchez haya cimentado la estabilidad de su Gobierno sobre el apoyo de semejantes socios, y con promesas de imposible cumplimiento.