Las acusaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra los presuntos responsables del intento de secesión han levantado mucha polémica en las últimas horas.

La Abogacía del Estado, directamente dependiente del Gobierno, ha reducido la acusación que defendía hasta el momento, y ya no pide una condena por rebelión. Ha sido sin duda un giro, un gesto de Sánchez con sus socios independentistas. Pero ese cambio, de naturaleza política, tiene poco o ningún efecto jurídico. El papel esencial de la Abogacía del Estado es recuperar el dinero que supuestamente ha sido malversado.

Sin embargo es decisivo que la Fiscalía mantenga la acusación de rebelión para Oriol Junqueras, para el que reclama 25 años de presión, para los ex consejeros, para la ex presidenta del Parlament, para los Jordis y para Trapero. La Fiscalía ve el requisito de violencia en la fuerza intimidatoria de los tumultos de las manifestaciones de los independentistas y en el uso de los Mossos de Esquadra. Hay que recordar que la condena por rebelión puede ser por un delito consumado o en grado de tentativa.