Cuando Pedro Sánchez formó gobierno gracias a su pacto con Podemos y las conocidas alianzas con los separatistas catalanes, se jactó especialmente del sello “feminista” de su equipo. El nombramiento de Irene Montero como ministra de Igualdad, dentro de la cuota pactada con Podemos, pretendía imponer la "perspectiva de género" en todas las políticas gubernamentales, desde la educación a los comportamientos sociales. En esa perspectiva se inscribe la nueva ley del aborto o la conocida como ley del “Sí es sí”, para prevenir las agresiones sexuales.

El caso de María Sevilla, expresidenta de la asociación feminista "Infancia Libre", indultada parcialmente por el Consejo de Ministros, ilustra de manera fehaciente las contradicciones y absurdos a los que ha llevado esta perspectiva. Condenada a dos años y cuatro meses de prisión por secuestrar a su hijo menor de edad y mantenerlo encerrado durante dos años, Sevilla ha sido convertida por el Gobierno en una supuesta víctima de la Justicia y de su expareja, cuando tan solo se le ha aplicado la Ley por un delito probado. De esta manera, el Gobierno desprecia una vez más la independencia judicial, desprotege a un menor que ha sufrido a causa de los delirios ideológicos de su madre, y lanza el nefasto mensaje de que el activismo feminista siempre va a ser defendido desde el poder, con independencia de que viole las leyes y atente contra los derechos de un menor.