La vida humana no es un bien a disposición de nadie. Así lo reconocen nuestras leyes hasta el día en el que prospere la ley de eutanasia hoy debatida. El PSOE presentó la iniciativa en febrero y los trámites han avanzado pese a la pandemia.

Hoy se han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y VOX, y ahora pasará a comisión. Se trata de un asunto capital para cualquier sociedad. Sus promotores la defienden como ejercicio supremo de libertad y de compasión.

El argumento es una falacia. La eutanasia supone dejar a la vida más vulnerable al albur de estados de ánimo, de presiones sociales e intereses espurios.

En el parlamento no se han escuchado las voces de los profesionales, ni de los enfermos crónicos, ni de las personas con discapacidades severas. Tampoco se ha abordado el tremendo déficit de los cuidados paliativos en España.

Parece que lo urgente era dar respuesta a un prejuicio ideológico. Lo que la ciudadanía ha escuchado, en un tiempo de pandemia en que la cifra de fallecidos y enfermos urge políticas eficaces de cuidado de la vida, son tópicos que pretenden resolver el drama de manera rápida y efectista. No ha habido espacio para el debate ni tiempo para pensar acerca de las consecuencias reales de la regulación de la eutanasia.

Nadie ha aportado cifras de lo que sucede en los países en los que la eutanasia es legal, ni se ha valorado el miedo de los ancianos, ni la tremenda presión que sufren los profesionales de la salud que se acogen a la objeción de conciencia.