El esfuerzo de Pedro Sánchez por sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se topa con la dificultad de hacer compatibles las políticas económicas de sus socios de gobierno, los radicales de izquierdas y los nacionalistas catalanes. La exigencia de un aumento considerable del gasto público se topa con la realidad de una economía que anuncia un futuro más incierto.

De momento lo que sabemos es que el Gobierno aceptaría la propuesta de Podemos de cargar la mano impositiva sobre las rentas superiores a 150.000 euros anuales, un “impuesto sobre los ricos” con poco efecto presupuestario y con mucha carga ideológica. Los réditos de esta medida estarían muy lejos de solventar el incremento del gasto autorizado por Bruselas de seis mil millones de euros. Incluso produciría un efecto negativo al no proponer incentivos adecuados a los sectores productivos y romper la dinámica del mercado y la libre competencia.

El problema no está en que el gobierno socialista quiera hacer política a través de los Presupuestos Generales del Estado con un modelo propio. El problema radica en que la debilidad de este gobierno se agrava por las exigencias de sus socios que solo se van a contentar si Pedro Sánchez les paga sus facturas. Usar el dinero público para mantenerse en la Moncloa a costa del bienestar de los ciudadanos es una irresponsabilidad que todos pagaremos.