El estado de alarma es una facultad extraordinaria habilitada por la Constitución para hacer frente, entre otras situaciones, a una crisis sanitaria. Es innegable que estamos en ese escenario y que la adopción de medidas graduales ha conducido al Gobierno de España a tomar una decisión que va a permitir responder con más eficacia a la crisis. No se trata de una situación en la que se decrete la suspensión de derechos, sino una mejor y más eficaz protección a la sociedad.

Se trata de reordenar el uso de las instalaciones y el precio de los bienes sanitarios, así como asegurar la distribución de recursos básicos y restringir los movimientos en la medida necesaria para frenar la propagación vertiginosa del virus. Todo ello para facilitar el trabajo del personal sanitario y permitir que atienda especialmente a las personas más vulnerables.

Mucho se puede discutir acerca de la tardanza en adoptar algunas decisiones, pero lo que está claro es que al Gobierno de España corresponde el derecho y el deber de tomar decisiones políticas vinculantes para toda la ciudadanía. Ahora no es tiempo de cobrar facturas a nadie, sino de asumir la responsabilidad cívica que a cada uno corresponde y atender a las indicaciones y decisiones gubernamentales.

La batalla no se vencerá sólo con decretos, sino con el concurso de la responsabilidad de toda la ciudadanía. Van a ser 15 días duros, en los que el número de afectados no dejará de crecer. Los sanitarios ya nos habían alertado. Conviene desplegar todas las capacidades constitucionales para que el Gobierno de España pueda ejercer sus máximas competencias por el bien de todos.