La aprobación en el Congreso de la Ley de protección de la infancia y la adolescencia se ha visto empañada por la innecesaria acusación a la Iglesia católica de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de haber sido “cómplice, demasiadas veces en nuestro país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños”. Una referencia que no venía al caso, dado que no se estaba debatiendo sobre la Iglesia, y que levantó una sonora protesta en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. La ministra se habría podido referir a muchos ámbitos en los que se producen actos de violencia con la infancia, como se demuestra en las constantes intervenciones policiales y en los escalofriantes datos de la fiscalía, pero ella quería poner el foco, precisamente, en la Iglesia católica.

La Iglesia ha reclamado insistentemente aunar esfuerzos entre la sociedad y las instituciones para proteger a la infancia frente a toda forma de violencia, una lacra de este momento histórico. Los casos que afectan a la Iglesia suponen una herida profunda que ha motivado profundas reformas disciplinares y penales en el seno de la comunidad eclesial, pero son una pequeñísima porción de esta lacra social.

La denominada “Ley Rhodes”, destinada a frenar dicha lacra y a garantizar la protección de las víctimas, ha salido adelante con amplio apoyo parlamentario. Un amplio consenso social empañado por el error argumentativo de una ministra cegada por los prejuicios ideológicos y políticos. Mal empieza la señora Belarra.