El hecho de que la exministra García Tejerina no haya estado precisamente fina en su referencia a los resultados del sistema educativo en Andalucía, no exime de una seria reflexión sobre la gestión educativa en esa comunidad autónoma, en el contexto de la campaña electoral. Después de cuarenta años de gobiernos socialistas, el último informe PISA concluye que en ciencias, comprensión lectora y matemáticas, Andalucía está en los niveles más bajos de España, y a mucha distancia de los que obtienen otras comunidades autónomas. A estos resultados hay que añadir la alta tasa de fracaso escolar, por encima de la media española, y la precariedad en inversiones educativas, por debajo de las de hace diez años. Señalar todo esto no es atacar a los estudiantes andaluces, como demagógicamente ha sostenido la Presidenta Susana Díaz.

Un facto a examinar es también la política de restricción del ejercio de la libertad de elección de centro que caracteriza al gobierno socialista andaluz, que se traduce en el recorte sistemático de conciertos y en las continuas trabas para articular el derecho de los padres a elegir el modelo de educación para sus hijos. La Junta se empeña en achacar la responsabilidad de los resultados a factores externos socioeconómicos y a las leyes generales de educación, pero no puede eludir su responsabilidad política en esta materia trascendental para el futuro dee Andalucía