Las acusaciones desde Estados Unidos contra Maduro y otros altos dirigentes chavistas por tráfico de drogas y colaboración con facciones de las FARC dedicadas al narcotráfico han cobrado forma. Estados Unidos ha desplegado frente a las costas venezolanas una operación naval contra el narcotráfico. Los carteles están recurriendo a rutas alternativas a causa de la pandemia y el Gobierno Trump pretende proteger las fronteras estadounidenses de la entrada de drogas. No se ha detallado en qué consiste el despliegue naval, pero sí han sido explícitas las acusaciones contra un régimen al que se acusa de colaborar en una acción narcoterrorista que pretendía introducir en Estados Unidos 250 toneladas de cocaína.

Todo esto sucede al mismo tiempo que el Presidente encargado, Juan Guaidó, es citado por la fiscalía venezolana acusado de instigar un golpe de Estado contra Maduro orquestado desde Colombia, y en una situación de notable empeoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos. 

El problema es que mientras nadie duda de que Maduro y el régimen se sostienen gracias al narcotráfico, entre otras actividades delictivas, en Venezuela sigue sin moverse nada. La población, carente de medicinas y alimentos de primera necesidad, afronta ahora una grave crisis sanitaria que va a golpearla duramente.

Con el precio del petróleo en mínimos históricos, la oposición neutralizada y con uno de los peores sistemas sanitarios de la región, los venezolanos necesitan un acuerdo entre el Parlamento y el Régimen. No es una solución ideal, pero quizás sea la única solución posible.