La Corte de Apelaciones ha revertido el fallo que obligaba a una mujer con discapacidad a abortar, en contra de su voluntad y la de su familia. Una cultura de la muerte, tan arraigada también en el Reino Unido, donde el aborto es prácticamente libre, da una vuelta de tuerca más, y se contradice incluso a sí misma en su defensa de que en las decisiones morales ha de primar la voluntad personal por encima de todo. En este caso, con la madre y con su familia en contra, el Estado ordenaba a la mujer que abortara, cayendo incluso así la habitual falacia que sostienen los proabortistas, cuando afirman que se trata de extender supuestos derechos y que a nadie le obligan a acogerse a ellos.

El caso, afortunadamente resuelto para bien, nos coloca frente a una mentalidad profundamente anti-humanista, que se atreve a infringir los  derechos fundamentales de una mujer por ser discapacitada, y también el derecho más desprotegido de todos, el del hijo por nacer.
Es el Estado quien decide que hay vidas que valen más que otras, y entre las que menos valen están las de las personas con discapacidad.

Es la misma sociedad, que a menudo agita el emotivismo para sensibilizarnos con la causa de las personas con discapacidad, la que ahora no reconocía a esta mujer el derecho fundamental a decidir seguir adelante con la vida de su hijo. Hay mucho que reconstruir en una conciencia social deshilachada que ya no reconocer el valor y el significado elemental de cualquier vida humana.