Desprestigio del Tribunal Constitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la Ley de plazos del aborto confirma la deriva del máximo órgano de garantías constitucionales que, en esta ocasión, no solo se ha encargado de dar satisfacción a los deseos del Gobierno, sino que ha traspado una peligrosa línea respecto a sus funciones constitucionales. No está entre las misiones de este tribunal la creación de un nuevo derecho, el derecho a la autodeterminación de la madre en el aborto. Se ha excedido en sus competencias y se ha convertido en órgano constituyente de nuestro sistema democrático.

Desde que se produjo la última renovación del Constitucional y Cándido Conde Pumpido asumió la presidencia de este organismo, las sentencias sobre la eutanasia y el aborto, y en cierta medida la de la Ley Celaá, se han convertido en una reforma encubierta de la Constitución. La decisión de actuar sobre la base de una discutibe teoría creativa del Derecho, más preocupada por la adaptación de la norma a los intereses del Gobierno y a las ideologías y corrientes sociales dominantes que a los criterios de justicia y equidad, o a la lógica y coherencia con la jurisprudencia anterior, convierte al máximo órgano de garantías en otro organismo distinto del que fue pensado en los inicios de la democracia.

Esta situación está creando un clima de desconfianza insalvable en el Alto Tribunal, que se desprestigia el pasar a ser una terminal más del Gobierno de Pedro Sánchez. El Constitucional no puede convertirse un elemento de confirmación acrítica de las ocurrencias normativas de un Gobierno, eludiendo para ello su propia doctrina previa y la letra de la Carta Magna.