El Consejo de Estado es un organismo consultivo que ayuda al cumplimiento de la Constitución y a la coherencia del ordenamiento jurídico. Un organismo de prestigio que cumple una destacada función de salvaguardar la democracia. Por eso es especialmente grave que el Gobierno de Pedro Sánchez se caracterice por un continuo desprecio a los dictámenes del Consejo de Estado, lo que indica escaso juego limpio a la hora de hacer leyes que responden más a la ideología del Gobierno de turno que a la lógica del ordenamiento jurídico y a las necesiades de los ciudadanos.

Los reiterados desplantes de Sánchez al Consejo de Estado reflejan prepotencia y desprecio institucional. No solo porque haya querido silenciar que la permanente del Consejo de Estado haya puesto en evidencia la inacción del Ejecutivo a la hora de desarrollar una legislación que afrontara las sucesivas prórrogas de los estados de alarma. El Consejo de Estado ha dejado claro que el Gobierno de Sánchez se mueve mejor en la excepcionalidad de la limitación de los derechos fundamentales que en el trabajo que supone sacar adelante una ley sanitaria adecuada a las circunstancias. Una ley que reiteradas veces se le ha reclamado desde la oposición y que se podría haber promulgado con el obligado consenso político ante la gravedad de la pandemia. Pero para Sánchez es más fácil gobernar a golpe de decreto, que hacer lo que se debería desde un punto de vista de la lógica democrática.