El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha convocado hoy a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio. Las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas, y para los ciudadanos, del Plan de Ahorro energético aprobado por el Ejecutivo la pasada semana han obligado a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, a sentarse con las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían declarado en rebeldía. Incluso habían anunciado que recurrirían la medida ante el Tribunal Constitucional.

Con esta reunión, el Gobierno de hecho reconoce que su plan tenía importantes lagunas que afectaban por ejemplo a la capacidad para aplicarlo en los comercios. El proceso de elaboración del Plan energético es una muestra más de la forma unilateral e improvisada con la que Pedro Sánchez suele hacer política. La necesidad de dar una respuesta al compromiso español ante Europa de rebajar el consumo energético en un 7% exigiría un acuerdo de Estado sustentado en un diálogo franco entre el Gobierno y la oposición y entre el Gobierno y los sectores empresariales afectados. Al Gobierno le va a resultar complicado convencer a los ciudadanos de determinadas medidas de ahorro energético, sobre todo por el vaivén de decisiones. Máxime si se considera que el actual Plan es solo un anticipo de lo que va a venir en el otoño.