El cierre de la aduana marroquí en la frontera con Melilla ha suscitado la lógica preocupación de la ciudad autónoma por los perjuicios económicos que ya se están sufriendo. Hasta ahora no ha habido explicaciones oficiales de Marruecos, aunque a nivel local se comenta que el cierre responde a un “acto de soberanía” al que el Gobierno español no parece haber dado excesiva importancia.

Marruecos afronta, desde el pasado año, un movimiento de protesta social y política en la región norteña del Rif que ha provocado ya varias dimisiones en el seno del Gobierno por el retraso de los planes de desarrollo económico de la zona. El rey Mohamed VI, que estos días ha indultado a los cabecillas del movimiento, se ha empeñado en acelerar estos planes, y eso puede afectar a realidades como el puerto de Melilla, por donde pasa buena parte del tráfico de mercancías con destino a Marruecos.

El conflicto aduanero se venía venir y se acentuará a medida que avance el desarrollo del norte de Marruecos. Precisamente el próximo año entrará en pleno funcionamiento el gran proyecto industrial y portuario de Tánger-Med, muy cerca de Ceuta, que goza ya de grandes facilidades fiscales y que aspira a convertirse en el punto de entrada de mercancías de todo el continente africano. Lo que sucede ahora en Melilla es un aviso que debe alertar al Gobierno español sobre el modelo de sostenimiento de las dos ciudades autónomas españolas, que viven en buena parte de las relaciones con Marruecos.