Hong Kong ya vive sometida a la ley de seguridad nacional con la que el Gobierno chino ha querido reprimir definitivamente todas las formas de libertad política. El Gobierno del Reino Unido y Japón, además de la Unión Europea, han expresado sus protestas. En el caso británico, es obvio. Boris Johnson, como tampoco la oposición laborista, no está dispuesto a abandonar a los 250.00 ciudadanos que viven en Hong Kong y tienen pasaporte británico. De hecho, el Primer Ministro dejó escrito hace un tiempo que si se implantaba la Ley de Seguridad Nacional, Gran Bretaña abriría los brazos a casi tres millones de ciudadanos que podrían solicitar la ciudadanía británica. China se había comprometido en 1984 a preservar la fórmula "un país, dos sistemas". La Ley de Seguridad Nacional cambia radicalmente las reglas de juego que afectan a la vida política de los ciudadanos de Hong Kong.

Y para demostrar que las pretensiones del Gobierno chino tiene una clara voluntad de imponerse, la ley entró en vigor justo en la jornada de aniversario del regreso a la soberanía china. La nueva ley permite que la policía china pueda operar en Hong Kong y establece un marco penal que alimenta la arbitrariedad y reduce las garantías. La propia Secretaria de Justicia del Gobierno de Hong Kong lo ha reconocido en rueda de prensa. China no puede permitirse el lujo de que la democracia se instale en Hong Kong. Y para muestra, un botón. Las primeras protestas contra la Ley se han saldado con 370 detenidos. China gana, Hong Kong pierde.