La decisión del PP de nombrar a Alejandro Fernández como candidato a la Presidencia de la Generalitat acalla la polémica en torno al proyecto del partido de Feijóo en Cataluña y abre un nuevo horionte de fortalecimiento del constitucionalismo en esa Comunidad Autónoma. Una vez que no se ha podido llevar a cabo el acuerdo con Ciudadanos, Fernández, que cuenta con el aval del partido, representa la continuidad de un proyecto querido por los afiliados. Tiene por delante el reto de recuperar el peso perdido por el PP en Cataluña después del descalabro de las últimas elecciones autonómicas en las que consiguió tres diputados. Las previsiones de un aumento significativo de votos para el PP en las eleciones del 12 de mayo se consolidan con un candidato capaz de atraer votos tanto de Ciudadanos como de VOX.

En los últimos meses Fernández se ha esforzado, con capacidad persuasiva, por hacer entender que Junts ha dejado de ser la formación de centroderecha con vocación pactista que un día fue Convergencia i Unió. Junts es ahora un artefacto político en manos de Puigdemont, y ha entrado en una deriva de ruptura anticonstitucional. En un mapa de apoyos electorales complejo, como el que se prevé en Cataluña, donde no está clara la utilidad para el constitucionalismo catalán de apoyar al PSC, un PP renovado tiene la oportunidad de aglutinar un amplio espacio con una propuesta alternativa a las obsesiones de un independentismo peleado entre sí y alejado de los problemas reales de los ciudadanos.