El Gobierno intenta ahora mostrarse diligente con el problema generado desde hace meses por la llegada de pateras a Canarias. Después de que cientos de personas hayan vivido y sigan viviendo una situación inhumana en el muelle Arguineguín, ahora se anuncia la construcción de campamentos con 7.000 plazas. La semana pasada, ante la saturación del muelle, se optó por dejar a su suerte a 200 personas que no tenían más que lo puesto para sobrevivir. Ahora se rechaza que sean trasladados hasta la península. En la península, sin necesidad de crear situaciones inhumanas y sin aumentar la presión sobre algunas poblaciones de Canarias, se podrían realizar las labores de identificación y, en su caso, de expulsión o de acogida, que contempla la actual legislación. Pero el Gobierno rechaza esta operación.

Marlaska ha argumentado, para rechazar los traslados a la península, que la UE los impide. Pero no existe realmente una legislación europea que prohíba el traslado de los migrantes dentro de un país. Aunque el ministro de Fomento, Ábalos, haya asegurado que los campamentos canarios van a ser provisionales, corren el riesgo de convertirse en campamentos como el que hay en Lesbos. Sería un desastre que España acabara copiando la fórmula de Grecia. Al Gobierno de Sánchez le ha faltado previsión en las relaciones con los países de los que salen los migrantes.