El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha marcado un plazo para que el Gobierno de la Generalitat instrumente la Sentencia que dicta que el 25% de las horas lectivas en las escuelas catalanas debe impartirse en lengua española. Se ratifica así la Sentencia del Tribunal Supremo contra la que ya no cabe ningún otro recurso. El bilingüismo debe instaurarse en los colegios catalanes y a la Consejería de Educación solo le cabe comunicar cómo ejecutará la sentencia. El día 20 de marzo el modelo debe entrar en funcionamiento.

La reacción de Ómnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana ha sido inmediata. La movilización y la desobediencia será la primera respuesta. Alegan que la sentencia no solo atenta contra la lengua catalana, sino contra los profesores y la cohesión social. "El catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco", ha dicho el presidente de la Generalitat. Y la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza ha solicitado una reunión de urgencia para diseñar una estrategia común que permita desobedecer la sentencia.

En un momento en el que la movilización independentista ha perdido fuelle, las instituciones de la Generalitat necesitan mantener la tensión. El uso del español y del catalán en las aulas podría ser objeto de un debate sereno que permitiera una solución respetuosa con los derechos de todos. Pero el independentismo ha hecho de la lengua un instrumento de lucha política que puede obligar a los directores de los centros educativos a incurrir en un delito, o aparecer como traidores a la causa.