Beneficios penales y políticos para Puigdemont

Las reformas legales tienen siempre consecuencias. Y los operadores jurídicos están, como todos los ciudadanos y poderes públicos en un Estado de Derecho, obligados a obedecer la Ley. El Magistrado Pablo Llarena ha dictado hoy un Auto en el que establece que, como consecuencia de la última Reforma del Código Penal, el Ex Presidente Carlos Puigdemont tiene derecho a gozar de los beneficios derivados de la derogación del delito de sedición. Seguirá imputado por los delitos de malversación y desobediencia, lo que implica su orden de búsqueda y captura y las de los exconsejeros Comín y Puig. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha apresurado a anunciar que Bélgica no entregará al Expresidente y que este podría estar en España en los próximos meses.

El magistrado Llarena ha cumplido la Ley y ha redactado un Auto con una importante carga doctrinal. No se trata de opiniones, sino de juicios que se sostienen en la Ley y en el derecho penal comparado. Para el Gobierno este Auto es la confirmación de que el Procés ha sido debidamente castigado. De lo que se concluye que poco le importa al Ejecutivo cuál sea la razón de la condena. Sin embargo, dado que esta no es una cuestión nominal, sino sustancial, es importante atender a lo redactado por Llarena: lo que sucedió fue una desobediencia civil y una insurrección institucional. Los encausados pretendieron desbordar el orden constitucional con la intención de lograr un nuevo orden territorial y político.