Un banquillo no político

Por más que se empeñe Artur Mas en que el juicio sobre su responsabilidad por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 es de naturaleza política, las pruebas y los argumentos jurídicos apuntan en otra dirección. Así lo ha entendido el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Juan Manuel Abril, que ha cerrado la causa con la consideración de que hay indicios de que los responsables políticos de la Generalitat han podido incurrir en los delitos de desobediencia y prevaricación. Entre los argumentos esgrimidos por el magistrado, destaca la afirmación de que la consulta no fue gestionada por los voluntarios sino por el Gobierno de la Generalitat, que la denominó “proceso participativo”. Por otra parte, los tres dirigentes encausados, Mas, Ortega y Rigau, sabían de la ilegalidad de la celebración, tal como se les había advertido por parte del Tribunal Constitucional.El victimismo ha sido siempre una característica de la estrategia independentista, y una forma de intentar evitar la responsabilidad sorteando el ordenamiento jurídico. La desobediencia y la prevaricación son dos figuras jurídicas que afectan por igual a todos los ciudadanos, y España goza de un Estado de Derecho que funciona. Si el magistrado del caso considera que los afectados pudieron incurrir en esos delitos, no cabe más salida que resolver la cuestión a través de un juicio justo en el que se demuestre que nadie está por encima de la ley. Un jucio destinado a absolver o a condenar, no a crear víctimas políticas.