Las primeras declaraciones a la salida de la cárcel de los líderes del 1-O indultados confirman que la medida de gracia es una evidente claudicación del Estado de derecho. Las proclamas en favor de la amnistía y de la independencia son la síntesis del absurdo de esta medida gubernamental. La insistencia desafiante de los liberados en que no se van a callar, coloca a la política en la compleja tesitura de enfrentarse a un inaceptable desafío a las instituciones del Estado. No hay un solo dato que indique que los indultados hayan roto con la hoja de ruta del primero de octubre. Es incomprensible que Pedro Sánchez se pase el día exigiendo a los independentistas que cumplan la ley cuando los liberados no ceden en sus exigencias y reiteran sistemática su voluntad de volver a transgredirla.

Pedro Sánchez ha lesionado la igualdad de los españoles ante la ley y ha menoscabado la separación de poderes. Miente cuando se empeña, como ha ocurrido en la sesión de control del Parlamento, en hacer creer a los españoles que el indulto es la única salida posible a la situación a la que el PP habría llevado a la cuestión catalana. No existe una solución al problema de Cataluña al margen de la ley. En un Estado de derecho no puede haber atajos. Sánchez ha ligado su futuro político a los independentistas y se ha convertido en rehén de sus planes y de sus tiempos. Es razonable la petición de Pablo Casado de que convoque elecciones para someterse al juicio de los ciudadanos, una petición que no será escuchada.