Urge luchar contra la corrupción

En estos días pasados se ha hecho público el Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Una auditoría cuyo borrador estaba en manos del Gobierno en junio y no ha hecho público hasta estos días estivales. En lo que respecta a nuestro país los resultados no son buenos. Desde 2019, España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Con una dureza inusual para este tipo de informes oficiales, los autores denuncian la “falta de accción decisiva y de resultados tangibles” en la política contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. De entre los aspectos que el GRECO considera más relevantes como causa de la corrupción política se encuentran el descontrol en el nombramiento y actuaciones de los asesores, la no regulación de los aforamientos y la opacidad disciplinaria en la Policía y en la Guardia Civil.

Este informe del Consejo de Europa coincide con la percepción social de que uno de los problemas más graves de Pedro Sánchez es el de la corrupción, que atenaza esta legislatura. Por más que Félix Bolaños prometa al Consejo de Europa el plan contra la corrupción más ambicioso de una democracia, la realidad demuestra todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo queda más evidente que no existe una voluntad política real para atajar el uso indebido del poder y de los instrumentos del Estado para fines e intereses personales o de partido. Como acabamos de comprobar con el caso Huawei, es necesario legislar sobre los lobbies, sobre los asesores, con normas de trasparencia e integridad, y sumpimir o limitar los aforamientos, entre otras medidas urgentes.