Una regularización que tenía que haber llegado antes

El anuncio por parte del Gobierno de una regularización para más de 500.000 migrantes tiene en este momento mucho de oportunismo. Las posibles responsabilidades del Ministerio de Transporte en el accidente de Adamuz, la crisis de las cercanías en Cataluña, la falta de apoyos parlamentarios y los presuntos casos de corrupción han provocado una debilidad extrema del Ejecutivo.  

Sánchez anuncia ahora está regularización con el propósito de ganar el apoyo de los grupos de izquierda y buscando una polarización con la derecha que le puede ser muy útil. Desde hace casi dos años, después de que el Congreso aprobara por mayoría absoluta la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para la regularización, el grupo socialista no ha querido promoverla. La admisión a trámite de la ILP suscitó el respaldo de 310 diputados, entre los que estaban los del grupo popular. Ahora ese amplio consenso se ha roto y la regularización se aprueba por Decreto.

La ILP fue promovida por 700.000 personas y 900 organizaciones. Entre ellas Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, y la Conferencia Española de Religiosos. Sostuvieron que reconocer jurídicamente la situación en la que, de hecho, se encuentran cientos de miles de migrantes, es una exigencia de la dignidad humana. Regularizar no es dar privilegios: es reconocer la realidad y hacer justicia. No podemos vivir en la hipocresía y en la radical injusticia que supone estar beneficiándonos de lo que aportan los migrantes sin reconocer sus derechos