El fiscal general en el banquillo

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El juez le ha impuesto una cuantiosa fianza de 150.000 euros, aunque ha denegado la petición de apartarle preventivamente del cargo, como había solicitado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Al Gobierno le ha faltado tiempo para salir en defensa de García Ortiz y hablar imprudentemente de su inocencia, en línea con otras declaraciones que han situado a los jueces en la diana por parte de varios miembros del Ejecutivo, incluido el propio presidente. 

Lo más prudente hubiera sido mantener una exquisita neutralidad desde el respeto al trabajo de los jueces y manteniendo intacta la presunción de inocencia. Ese no es el estilo del Gobierno que, empezando por el propio Sánchez, ha presumido de que la fiscalía general del Estado depende de él, ha arrastrado por el barro el prestigio de la institución, le ha forzado a una imagen vergonzosa junto al Rey en la apertura del año judicial, y ha acusado a algunos jueces de hacer política, curiosamente aquellos que llevan casos que afectan, de una u otra manera, a Pedro Sánchez.

No por ser la crónica anunciada de un escándalo, la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado es un asunto menos grave. Se trata de una auténtica anomalía dentro de un sistema democrático que se precie. García Ortiz no debería seguir ni un minuto más en su puesto, por su propia dignidad y, sobre todo, por la institución a la que representa.