Despropósito del nuevo Decreto sobre universidades

El sistema universitario español cuenta con 50 universidades públicas y 46 privadas, una oferta que satisface las necesidades formativas de los estudiantes y que obliga a una exigencia mayor de calidad. Sin embargo, el Gobierno, que ha transferido las competencias de Universidades a las Comunidades Autónomas y que controla los centros a través de un sistema de acreditaciones de títulos y del personal docente, ha decidido intervenir en la oferta universitaria limitando al máximo la creación de universidades privadas e imponiendo unas condiciones draconianas a las existentes. El Real Decreto elaborado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, responde así a lo que en su día dijera Pedro Sánchez al calificar a las universidades privadas como “chiringuitos académicos”.

El Real Decreto que modifica el sistema universitario plantea incluso revocar la autorización a aquellos centros superiores privados que no tengan 4.500 alumnos en los cinco primeros años, o no destinen el 5% del presupuesto a investigación. Además, se imponen una serie de requerimientos de sostenibilidad económica al promotor de la Universidad. Tanto el Consejo de Estado como los ministerios de Economía, Trabajo y Transformación Digital han puesto serias objeciones a un proyecto que, según los expertos, contiene claros visos de inconstitucionalidad porque podría contravenir la libertad básica de educación y alterar las condiciones de una sana competencia.